Parece ser que la guerra entre las Administraciones Públicas, los Ayuntamientos en mayor medida y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la prestación de servicios de acceso inalámbrico (o Wifi) a los ciudadanos ha llegado a su fin. La CMT ha hecho pública la Circular 1/2010, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se regulan las condiciones de explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas (MTZ 2010/203) donde establece las condiciones para que las Administraciones Públcias puedan prestar dichos servicios. Tras la consulta lanzada en junio del año pasado, la CMT ha decidido la forma en que las AAPP podrán prestar dichos servicios, concluyendo:

• Las AA PP que exploten redes y servicios de comunicaciones electrónicas deberán notificarlo previamente a la CMT.

• Las únicas excepciones son el supuesto de autoprestación y las bibliotecas:
  • Se considera que hay autoprestación cuando la explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas están vinculadas al desempeño de las funciones propias del personal o los trabajadores al servicio de la Administración Pública. En este supuesto se incluyen los centros de educación o formación (las escuelas, institutos, colegios y centros universitarios) así como el área de su campus, entendiendo que docentes y alumnado forman parte del personal.
  • Tampoco será necesaria la inscripción, y se podrá prestar de manera gratuita, el servicio de acceso a Internet en bibliotecas, siempre que los usuarios acrediten su vinculación con el servicio mediante algún documento que permita su identificación. (Me imagino que con el carnet de la biblioteca municipal será más que suficiente par apoder acceder al servicio wifi de la biblioteca).

Hasta la actualidad la única referencia existente sobre la regulación en materia de comunicaciones electrónicas comerciales, llamadas y faxes la encontrábamos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información donde se obliga a tener el consentimiento expreso de la persona afectada para la recepción de este tipo de comunicaciones comerciales, posteriormente una modificación de la Ley General de Telecomunciaciones vino a matizar esta obligación, para el ámbito de las empresas de telecomunicaciones y toda esta regulación siempre bajo la supervisión de la normativa de protección de datos de carácter personal y por ende de la Agencia Española de Protección de Datos.

Con fecha 31 de Diciembre de 2009 se ha publicado en el BOE la Ley 29/2009, de 30 diciembre, por la que se modifica el régimen general de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios que viene a cerrar el círculo en torno a esta materia estableciendo en su artículo 29, que además, dichas prácticas pueden ser consideradas como “prácticas agresivas por acoso”:

• Igualmente se reputa desleal realizar propuestas no deseadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, salvo en las circunstancias y en la medida en que esté justificado legalmente para hacer cumplir una obligación contractual.
  
• El empresario o profesional deberá utilizar en estas comunicaciones sistemas que le permitan al consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo propuestas comerciales de dicho empresario o profesional.
  
• Para que el consumidor o usuario pueda ejercer su derecho a manifestar su oposición a recibir propuestas comerciales no deseadas, cuando éstas se realicen por vía telefónica, las llamadas deberán realizarse desde un número de teléfono identificable.
  
• Este supuesto se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos personales, servicios de la sociedad de la información, telecomunicaciones y contratación a distancia con los consumidores o usuarios, incluida la contratación a distancia de servicios financieros.

Cada vez los usuarios y consumidores tenemos más formas de luchar contra un tipo de publicidad muy agresiva, y en algunos casos, nada éticos, por no decir legales. Creo que este tipo de normativa es positiva para todas aquellas empresas que están realizando escrupulosamente su trabajo comercial o que se dedican al email marketing con incluso doble opting, callcenters, etc. y que ven peligrar su buena fama por actitudes muy agresivas. Como todo, veremos la aplicación de la misma y el verdadero reto que tiene por delante, conseguir la tranquilidad de los usuarios y consumidores ante la intromisión de la publicidad hasta niveles insospechados.

Confirmado, en España, en palabras de la Comisaria de Competencia Europea Neelie Kroes:

Los consumidores españoles están pagando mucho más que la media por el acceso a Internet de alta velocidad y muchos han optado por no pagar ese precio. El estrechamiento de márgenes que impuso Telefónica a sus competidores no sólo incrementó sus costes sino que perjudicó notablemente a los consumidores. Cuando se perjudica a consumidores y empresarios en un mercado tan importante, toda la economía se resiente. No consentiré que las empresas dominantes fijen unos precios que den al traste con la liberalización de las telecomunicaciones».

y recalca:

Por su gravedad y duración, el abuso de Telefónica merece una sanción severa. El abuso tuvo repercusiones muy negativas al obstaculizar la entrada de competidores en este importante mercado. El daño para los consumidores fue considerable.

Me puedo imaginar que Telefónica acudirá a los Tribunales para reducir la sanción, pero espero que esto sirva de toque de atención para que realmente podamos disfrutar de una ADSL de calidad y a precios acorde con nuestros vecinos.