La Asociación Profesional Española de Privacidad ha lanzado la convocatoria para la obtención de la “Certificación ACP”. Esta certificación pretende ser, a juicio de la propia APEP, una forma clara y aceptada de acreditar la capacidad y preparación de los profesionales que se dedican a la privacidad o implantación de la normativa de protección de datos de carácter personal. La Asociación ha establecido 2 formas de acceso a esta certificación, a través de un exámen de capacitación, siendo el primero de ellos el próximo 26 de junio de 2010; o mediante de un sistema de “grandfathering” o apadrinamiento donde los profesionales de la privacidad podrán acreditar la experiencia en la materia. Toda la información se encuentra en la web de la Asociación.

Al fin, y después de 7 años de discusión parlamentaria ( para que nos quejemos) y en medio del “clamor popular” debido a varios incidentes de seguridad y del episodio del registro de telefonos móviles, México aprobó la semana pasada su Ley de Protección de Datos. Con esto se va cerrando el círculo de paises sin una legislación, puesto que de los países grandes (economica y geograficamente hablando)  era de los pocos que no tenia una regulación exhaustiva y especializada.

La ley todavia no ha sido publicada en el diario oficial y no ha entrado en vigor, por lo que la estamos analizando en profundidad, pero aqui van unos breves puntos:

• Es una ley relativamente corta (69 articulos)
• No requiere registro de los ficheros ( tema para un post posterior)
• Prohibe las transferencias a terceros paises, lo cual fue tema de largo debate parlamentario, pero que al aceptarse abre la puerta para que sea aceptado por los paises europeos como destino de los datos.
• 180 días de periodo para adaptarse a la ley.
• Bastantes excepciones de aplicación. Esto no debería asustarnos, puesto que México ha ido regulando de manera especial algunos otros ficheros ( morosos, etc.)
• El organo que garantizara el cumplimiento sera el IFAI, el organismo administrativo autonomo y descentralizado que ya se encargaba de forzar a las administraciones a hacer publicos sus datos ( ¿Para cuando España tendra una ley de transparencia?). Esto tiene ventajas y desventajas varias dignas de un análisis mas profundo.

Próximamente varios otros estados están en proceso de crear o adaptar sus leyes…

La penúltima ocurrencia legislativa de nuestro Gobierno en forma de sorpresiva y repentina Disposición Final en la L.E.S. -presuntamente protectora de la propiedad intelectual- ha levantado una considerable polvareda mediático-jurídica. Al toque de arrebato emitido por la internaútica patria han respondido numerosas manifestaciones públicas individuales o colectivas, con mayor o menor autoridad, con mejor o peor criterio, pero la mayoría de ellas poniendo el acento en las modificaciones legislativas de trazo grueso que contiene la dichosa deposición, digo…Disposición Final.

La declarada voluntad de sus promotores legislativos, asumida al dictado por el mismo Gobierno, es la de acabar con las páginas que recopilan enlaces, por ser éstas las que según su criterio se lucran “parasitariamente” de ese trasiego ilícito de contenidos al que parece que está abonado el internauta patrio con especial afección y que nos hace figurar en no se cuantas listas negras de malhechores internacionales manejadas por el Pentágono, la Trilateral y hasta el mismísimo Ramoncín™.

En un forzado ejercicio de buenrrollismo para con el usuario final, la coalición de la cosa ha venido a perdonarnos la conexión del ADSL  -sin recurrir de momento al modelo francés- señalando  como causantes de todos sus males a unos centenares o así -la ministra es de letras y no le vamos a pedir más concreción- de páginas díscolas sobre las que expiar nuestros pecados pedosperos. Claro que, si te fijas bien, la piel de cordero le tira bastante de la sisa al texto de la norma y asoma un rabo largo y peludo en forma de reforma de la LSSICE.

A lo que íbamos. Los más sesudos y completos análisis que se han hecho de la norma desde el punto de vista jurídico parecen haber partido de la premisa inicial -sutilmente difundida por la coalición de la cosa- de que las páginas que recopilan enlaces, es decir, esas páginas a las que el usuario se dirige, bien directamente porque las conoce o indirectamente porque Google le envía allí, vulneran la ley civil y la penal y, a partir de ahora, la administrativa también.

Una presunción “iuris tantum”, si se me permite la expresión, que se ha colado en los análisis sin la más mínima discusión cuando los pronunciamientos judiciales que ha habido hasta el momento sobre esa presunción han venido mayoritariamente a desmontarla. Es más, atizando el fuego de la polémica me pregunto yo si no estarán estas diabólicas páginas protegidas por el derecho “sui generis” sobre las bases de datos además de ser inocuas desde el punto de vista legal.

Aisladas opiniones contrarias a asumir por defecto que el enlace es contenido no parecen haber sido suficiente contrapeso y el debate se ha centrado más sobre cuestiones procesales y de legitimación -importantes sin duda- que sobre la justificación misma de la norma acríticamente asumida. Sin embargo, sobre la naturaleza y función de los enlaces de internet poco o nada se ha mencionado públicamente desde el sector jurídico.

No quiere lo anterior decir que no sea una barbaridad -que lo es- que la Administración asuma la defensa de intereses particulares concretos por muy legítimos que estos sean quebrando de un golpe varios artículos de la Constitución. Compartimos la alarma que esto supone para el estado de derecho y las libertades públicas, pero la piedra angular de todo el debate es la consideración jurídica del enlace como tal y sobre eso no se ha pasado de puntillas en el mejor de los casos.

La interesada asimilación de enlace y contenido -de indice y  obra- puede servir como justificación para que algunos pretendan poner al Parlamento a su servicio pero no es premisa aceptable sin discusión en un análisis jurídico imparcial. Desde estas líneas animamos ese necesario debate.

Saludos.

]]> http://www.iurismatica.com/blog/de-galgos-podencos-y-una-coalicion-cinegetica/feed/ 5 http://www.iurismatica.com/blog/adelanto-a-la-reforma/ http://www.iurismatica.com/blog/adelanto-a-la-reforma/#comments Fri, 08 Jan 2010 18:42:38 +0000 David Fernández Mena http://www.iurismatica.com/blog/?p=1718

La reforma sobre las descargas por la vía de la LES que ya se esta comentando públicamente saldrá publicada el lunes y entonces la comentaremos con detalle.

Pero, lo que se ve claro es que va a ser un magistrado de la Audiencia Nacional.

Lo cual es increíble; actualmente, la A.N. tiene como competencias:

• Delitos contra la Corona o miembros de Gobiernos, delitos de crimen organizado como terrorismo, narcotráfico, falsificación de moneda, y de delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando conforme a las Leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales Españoles.
• En materia contencioso-administrativa, algunos recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos de los Ministros y Secretarios de Estado.
• En materia laboral los procesos especiales de impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación sea superior al territorio de una Comunidades Autónomas y de otras materias.

¿Nos están queriendo decir, que cerrar un web de enlaces tiene la misma importancia, e incluso mas prisa que la trata de personas o el narcotráfico?  Restar tiempo a un magistrado de resolver estos asuntos para dedicárselo a una web de enlaces me parece una tremenda falta de respeto al ciudadano y un riesgo espectacular.

Y ojo hasta no ver la ley, porque no es lo mismo la Audiencia Nacional que los Centrales de Instrucción, aunque estén en el mismo edificio.

Con esto de la crisis los gestores de la cosa pública no han tenido más remedio que afrontar un problema que venía siendo secularmente postergado en España, bien por interés, bien por simple incapacidad. Este curioso fenómeno de procrastinación política se revela ahora como uno de los hechos diferenciales -Yes, Spain is different- a la hora de la incipiente recuperación económica, que, por lo que parece, se va a retrasar por estos pagos.

Me estoy refiriendo a lo que ha venido en llamarse el cambio de “modelo económico”, es decir, del modelo de negocio de un país en términos de economía globalizada. Forzados por las circunstancias, nuestros próceres se han puesto manos a la obra y la principal conclusión a la que han llegado es que resulta inevitable cambiar ladrillo por silicio y chiringuitos playeros por estaciones eólico-solares  (permítanme esta reducción conceptual pero me viene bien como ejemplo para que todo el mundo lo entienda) y, este cambio, para que cale bien en la sociedad, hay que implementarlo ya desde el sistema educativo.

Como consecuencia, una de las medidas “estrella” en este necesario proceso evolutivo es la incorporación paulatina de nuestros infantes a las nuevas tecnologías por la vía de asignarles  a cada uno un ordenador portátil y una conexión a internet en las aulas. Ni que decir tiene que la herramienta no hace al artesano, ni el pincel al artista. Pero dejando las cuestiones pedagógicas al margen, en la decisión de introducir la enseñanza asistida por ordenador en las escuelas, se esconde uno de los principales factores estratégicos que pueden hacer que un modelo económico de país sea innovador y, en verdad, base sólida para un crecimiento generalizado y duradero.

Y ese factor estratégico no es otro que la naturaleza o procedencia del software que haga funcionar esos ordenadores. En la medida que todo el conocimiento y la información ya viaja y se transmite sobre software, es estratégico para un país controlar y poseer el conocimiento que genera el software que luego va a regir todo el sistema económico, político y social.

En la medida en que el software se ha convertido en la “ley del ciberespacio” (Lessig) y el ciberespacio cada día aloja más ámbitos de la persona-ciudadano, resulta imprescindible mantener el control democrático de la tecnología. El modelo actual de colonialismo tecnológico que impone el software basado en licencias restrictivas o propiedad de multinacionales, supone un freno para los modelos de desarrollo local y horizontal, que generan recursos que, a su vez, revierten sobre sí mismos y, además son más adaptables y preparados para tiempos de crisis.

En la medida que la sociedad -el Estado- es dueña de su propia tecnología y no dependiente de suministradores “ajenos” con intereses propios, puede plantearse la construcción de su propio modelo social y económico haciendo un verdadero ejercicio soberano de autodeterminación tecnológica. Y eso sólo lo permite, en este momento, el software llamado libre o de código abierto.

Por lo tanto, el debate sobre el tipo de software que va a hacer funcionar esos ordenadores, lejos de resultar una simple cuestión de gustos o costumbres se constituye así en paradigma de la verdadera voluntad de nuestros políticos a la hora de proponer cambios de verdad y no meras operaciones estéticas de contenido propagandístico. No es banal la elección y eso lo sabe cualquier programador.

Porque, a la hora de la verdad, quien debe decidir este tipo de cuestiones no es el funcionario de turno sino el político, y, el señor Bill Gates no se hace recibir en Moncloa para tomar el té con nuestro Presidente mientras departe sobre la espesura de los rododendros.

El político está llamado (electo) para liderar los cambios si de verdad cree en ellos y los asume como propios. Escasos andamos de líderes a la antigua usanza, ajenos a los asesores de imagen y a las directrices de cabecera mediática que, armados de votos y convicción, son capaces de llevar a una sociedad desde A hasta B.

Mientras escribo estas líneas, en mi comunidad autónoma (País Vasco) se implanta -un tanto atropelladamente como suele ocurrir cuando las decisiones dependen de muchos factores- el programa Escuela 2.0. Es el momento de concretar, en esta materia, todas las cuestiones político-programáticas que hacen que los ciudadanos elijan a unos representantes y no a otros.

Pese a los iniciales lastres con los que esta medida debe implantarse, fundamentalmente la imposición del arranque dual de los equipos Windows-GNULinux, -adivinen cual va a ser la partición primaria-, la prevista utilización de software libre en la partición windows puede paliar algo los efectos de una mala decisión inicial.

A esto se debe añadir necesariamente una revisión profunda de las condiciones de contratación de la Administración vasca que contengan medidas de “discriminación positiva” -ahora que está tan de moda el concepto- en favor de las tecnologías abiertas.

Este aparente cambio de rumbo inicial, para que de verdad se convierta en expresión coherente de una voluntad ya manifestada, y, sobre todo, para que se consolide como apuesta de futuro, debe confirmarse con la expresión legislativa de esa decidida voluntad política si es que es sincera, llevando al Parlamento Vasco las iniciativas legislativas necesarias para llevar la Autodeterminación Tecnológica a todas las parcelas de la Administración, empezando por la educativa.

Nada nuevo que no se haya hecho ya en otras comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido político, pero que supondría llevar a la práctica lo que aquí, y, de momento, sólo adorna un  bonito programa de intenciones que, sin un encofrado normativo, corre el riesgo de disolverse como un azucarillo en el té del señor Gates.

]]> http://www.iurismatica.com/blog/escuela-2-0-autodeterminacion-tecnologica/feed/ 6 http://www.iurismatica.com/blog/evento-la-privacidad-del-menor-en-las-redes-sociales/ http://www.iurismatica.com/blog/evento-la-privacidad-del-menor-en-las-redes-sociales/#comments Thu, 04 Jun 2009 08:35:36 +0000 Jorge Campanillas Ciaurriz http://www.iurismatica.com/blog/?p=1160

Desde la Fundación Solventia tienen a bien informarnos sobre un evento que puede resultar de gran interés tanto por la temática como por los ponentes que acudirán.

La Fundación Solventia, organización privada sin ánimo de lucro dirigida a la formación de la infancia y la juventud,  ha puesto en marcha un proyecto internacional de investigación sobre la privacidad de los menores ante las nuevas tecnologías dirigido por el Catedrático de Derecho Administrativo y ex director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luís Piñar Mañas.

Una de las primeras iniciativas en el marco de este proyecto será la celebración de una Jornada, el próximo 16 de junio, bajo el título ‘La privacidad del Menor en las Redes Sociales’, que tendrá lugar en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Estas jornadas contarán con la presencia de Peter Fleischer, Global Privacy Counsel de Google; Ícaro Moyano Díaz, director de Comunicación de Tuenti; Arturo Canalda González, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y Artemi Rallo Lombarte, director de la Agencia Española de Protección de Datos, entre otros.  Asimismo, estas jornadas contarán con una mesa redonda sobre ‘Videojuegos y privacidad de los menores’.

Podeis encontrar más información en la propia web de la fundación.

Con el grado de concreción que estas noticias suelen presentar cuando se lanzan, el debate parlamentario  sobre el “estado de la nación” nos ha dejado una propuesta del Gobierno para que, a partir del próximo curso, unos 420.000 alumnos, extendiéndose en sucesivos años al resto de la enseñanza seundaria, reciban un ordenador portátil para realizar sus tareas y promover así el uso de las nuevas tecnologías en la educación. La propuesta añade además conexión inalámbrica a internet y pizarras digitales en las aulas con formación específica al profesorado.

Las operadoras de internet ya han mostrado su escepticismo ante la propuesta poniendo de relieve las dificultades técnicas que conlleva. Al margen de esto y, de las competencias que en materia educativa ostentan las Comunidades Autónomas, a las que se les va a pedir que aporten fondos, la medida podría representar una oportunidad para la difusión de las tecnologías no propietarias y la adopción de modelos de desarrollo tecnológico libre, adaptable, sostenible y motor económico para las empresas nacionales y locales de informática.

Y decimos “podría representar” porque ya previamente se han manifestado los temores de que este tipo de medidas provocan dados los datos que se disponen. Además estas  propuestas no son pacíficas en la comunidad educativa, véase al respecto el magnífico artículo de Fernando Acero en Kriptópolis.

Dada por admitida (“iuris tantum”) la bondad de la medida, debemos exigir  que el modelo elegido sea una ampliación de las iniciativas (tímidas todavía) que incorpora el Plan Avanza en el ámbito de las pymes y que, sobre todo, recoja las propias recomendaciones elaboradas por los informes gubernamentales internos.

De otra forma, el Gobierno español continuará despilfarrando el presupuesto público favoreciendo la dependencia tecnológica, pagando licencias con fondos que  no van a revertir en la economía productiva nacional y poniendo en manos de monopolios  la alfabetización  de la población.

Excluyo intencionadamente el calificativo “digital” de alfabetización porque, a estas alturas, el alfabeto analógico ya es historia, al menos su utilización práctica. Si de verdad el gobierno quiere cambiar el modelo económico (menos ladrillo y más ordenadores Zapatero dixit) y apostar por la educación tiene aquí una oportunidad de demostrar que va en serio.

Saludos.

]]> http://www.iurismatica.com/blog/escuela-20-%c2%bfsoftware-libre-o-financiacion-encubierta-a-microsoft/feed/ 3 http://www.iurismatica.com/blog/los-internautas-y-la-financiacion-de-la-tv/ http://www.iurismatica.com/blog/los-internautas-y-la-financiacion-de-la-tv/#comments Fri, 08 May 2009 13:29:33 +0000 Jorge Campanillas Ciaurriz http://www.iurismatica.com/blog/?p=1063

El Gobierno acaba de hacer público el INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE FINANCIACIÓN DE LA CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA. La Ley pretende la supresión definitiva de la publicidad en TVE y para ello el Gobierno apuesta por una forma de financiación a través de las televisiones privadas y de los usuarios de las telecomunicaciones, por no decir de los internautas, puesto que no serán los únicos, si el anteproyecto sigue adelante, al final todos los ciudadanos que disfruten de algún tipo de servicio de las operadoras. Es decir, como siempre, acabaremos pagando los ciudadanos los desmanes de nuestros gobernantes.

El anteproyecto establece que la RTVE además de lo que recibe de las arcas del Estado será financiada tanto por las cadenas privadas como por las empresas de telecomunicaciones:

Los operadores de televisión comercial que operen a nivel estatal o en más de una Comunidad Autónoma aportarán anualmente un 3 por 100 de sus ingresos. Los operadores de telecomunicaciones, también según el mismo criterio territorial, aportarán, por su parte, un 0,9 por 100 de sus ingresos.

¿Qué significa esto? Significa, como ya lo han comentado las propias empresas de telecomunicaciones, que nuestras facturas de teléfono, ADSL y demás verán aumentar su importe gracias a la TVE.

Hace unos días comentaba como en muchos hogares se puede producir el apagón sin otra posibilidad de acceso a la TV. Lo curioso que puede resultar ahora es que aunque no tengas TV en casa o no quieras tenerla, vas a pagar por ella, no sólo con los impuestos que ya pagas sino también a través de otro “canon” impuesto a nuestros servicios de telecomunicaciones. Una bonita forma de luchar contral la brecha digital. En el fondo cada vez tengo más claro que Internet da miedo a los gobernantes, que todo son trabas y restricciones para que realmente el acceso a Internet sea un servicio universal, tal y como viene regulado en la Ley General de Telecomunicaciones.

Y ahora lanzo preguntas al aire… como siempre, pueden resultar demagógicas, incoherentes, impertinentes o sin sentido, pero preguntas al fin y al cabo… ¿Que encaje puede tener esta financiación a través de las empresas de telecomunicaciones con una futura Ley de los 3 avisos? Estaría claro que aunque te cortasen la línea nos harían seguir pagando la factura para que la TV siguiera siendo rentable… ¿Si los hoteles, bares, etc. van a pagar también la factura de la TV pública a través de la conexión a Internet tendrán que pagar el cánon a las entidades de gestión por tener la TV Pública que están financiando? Está claro que la ley de propiedad intelectual así lo permite y alguna sentencia así lo respalda… Vamos… la sensación es que siempre van a ganar los mismos. En fin… país…

El próximo 13 de Abril entrará en vigor el REGLAMENTO (CE) No 207/2009 DEL CONSEJO sobre la Marca Comunitaria. Este Reglamento viene a refundir el anterior Reglamento (CE) N° 40/94 con las sucesivas modificaciones que este ha venido experimentando (hasta 8).

Su nueva redacción no incorpora nuevas normas sustantivas, limitándose a codificar y sistematizar los distintos preceptos que habían venido siendo reformados desde 1994.

Este Reglamento ha venido regulando todo lo relativo a las marcas comunitarias, su definición, los derechos y acciones que confiere a su titular, su solicitud, el registro, la renovación y caducidad, así como todo lo relativo a las cuestiones de competencia judicial. Regula igualmente la creación y funcionamiento de la OAMI.

Para una consulta más detallada del nuevo Reglamento: aquí

]]> http://www.iurismatica.com/blog/nuevo-reglamento-ce-sobre-marca-comunitaria/feed/ 0 http://www.iurismatica.com/blog/google-balones-fuera/ http://www.iurismatica.com/blog/google-balones-fuera/#comments Wed, 25 Mar 2009 08:41:56 +0000 José Luis Calzada Pérez http://www.iurismatica.com/blog/?p=926

Reflexiona, blanco sobre negro, la Defensora del Lector de El País sobre las repercusiones que en el ámbito de la intimidad y en el del derecho a la imagen tienen las informaciones publicadas en medios digitales cuando son enlazadas o indexadas por buscadores como Google.

Dejando aparte la veracidad o el grado de exactitud de las noticias publicadas que, en todo caso, pueden ser objeto material para el ejercicio del derecho de rectificación por parte del interesado-afectado, y, también los códigos deontológicos internos de los medios (¿existen?), lo relevante es que la noticia publicada está protegida por la libertad general de expresión y de opinión por encima del derecho particular a la imagen o a la protección de datos.

El problema se plantea cuando la información se obtiene o se puede obtener a partir de las consultas que cualquiera de nosotros podemos realizar usando los buscadores habituales de información.

Un buscador (Google) efectúa tratamientos de datos personales a partir de la información que indexa de otras páginas web (diario digital) ofreciéndolos al usuario de manera mecánica o automatizada. Ese tratamiento es materia regulada por la LOPD con las correlativas facultades para el titular de los datos y posible afectado.

Cuando alguien se dirige a Google, que es quien realiza la indexación y el tratamiento de los datos, para ejercer el derecho de cancelación la respuesta (cuando responde) suele ser invariablemete la misma: Google se limita a facilitar los datos de otras páginas, diríjase al correspondiente webmaster para cancelar allí sus datos.

La AEPD viene reiteradamente (ejemplo1, ejemplo2, ejemplo3) tutelando los derechos de los afectados en el sentido de obligar a Google a no indexar los datos independientemente de la fuente donde estos se encuentren. El contenido de una noticia no se puede eliminar pero si su indexación. Y el responsable de la indexación es Google.

Google se debe plantear dedicar un mínimo porcentaje de sus cuantiosos ingresos en la implantación de un sistema de relaciones con sus usuarios que permita a estos de manera rápida y efectiva ejercer los derechos que les otorga la legislación española y no obligarles a tener que perder su tiempo  y sus energías en tutelas administrativas.

O eso, o inventar un algoritmo “sensible” a los datos.