la aplicación de la LSSICE al caso es correcta al constar acreditado en el procedimiento que la demandada Google Inc. dispone conforme al artículo 2 de la LSSICE de una oficina de ventas en España, según su propia información corporativa disponible, concepto que ha de encuadrarse en el supuesto de domicilio fuera de España, pero con disponibilidad de «forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo, en los que realice toda o parte de su actividad»

El caso se sustancia en la demanda presentada contra Google por la difusión que realiza Google de textos que, según el demandante afectan a su honorabilidad y suponen una intromisión ilegítima en su derecho al honor. Situación que ha puesto en conocimiento del buscador en reiteradas ocasiones sin ningún resultado:se ha producido una intromisión ilegítima en su derecho al honor amparado en el art. 18 CE viéndose afectado especialmente en su faceta profesional. En concreto indica que la demandada viene difundiendo textos que afectan a la honorabilidad en los que se implica al demandante en la llamada “trama de Roca” asunto relacionado con el sector inmobiliario de Marbella conocido también como “operación Malaya” y que está siendo investigado en diversos juzgados de dicha localidad añadiendo que no solo dicha información es falsa y carente de toda prueba, sino que además no se ha empleado la mínima diligencia profesional en la comprobación de los hechos. Por otra parte refiere que la información ha permanecido “colgada” en Google pese a los requerimientos dirigidos a la demandada y añade que con la inclusión de la información en el buscador de Google se ha producido un efecto multiplicador puesto que a ella acceden otros medios de comunicación y porque diariamente se producen miles de visitas en la página de Internet.

Por contra Google se defiende manteniendo su posición de prestador de servicio de intermediación y la exclusión de su responsabilidad por falta de conocimiento efectivo de la ilicitud de la información enlazada:

La parte demandada se opuso a la demanda alegando que conforme a la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y la Directiva 2000/31/CE, Google presta un servicio de búsqueda de páginas web y enlaces, realizando únicamente funciones de intermediaria entre usuarios y páginas web y en ningún caso elabora o participa en la redacción de la información que figura en las páginas web. Se añade que no le consta que se hubieran declarado ilícitas las informaciones y que actuando de buena fe, cuando se le ha comunicado la presentación de la demanda han retirado la información.

El Tribunal Supremo continúa con su doctrina señalada en las sentencias anteriormente comentadas, debiéndose realizar caso por caso el estudio de si realmente se considera que hay un conocimiento efectivo por parte del prestador de la ilicitud de la información que, en este caso, enlaza.

La circunstancia de que la persona que se consideraba ofendida se hubiera dirigido a Google para la retirada de la información por considerarla ilícita no es suficiente para que se produzca esta conducta, cuando, como aquí ocurre, la información por sí misma tampoco revelaba de manera notoria su carácter ilícito.

Situación distinta hubiera sido, si tal y como establece la sentencia el demandante hubiera remitido alguna copia de una resolución que considerase ilícita esa información:

sin que conste ni haya acreditado la parte actora que remitiera en ningún momento copia de dicha resolución a la parte demandada, puesto que ese sería el momento determinante de la existencia de conocimiento efectivo por parte del prestador del servicio

Por ello el Tribunal Supremo entiende que Por tanto, esta Sala coincide con la valoración fáctica y jurídica de la sentencia recurrida, sin que ninguna vulneración del artículo 17 de la LSSICE se haya producido, habiéndose realizado una aplicación correcta del mismo al excluir de responsabilidad a la entidad demandada por falta de conocimiento efectivo de la falsedad de la información.

Para determinar el conocimiento efectivo realmente debemos ir caso por caso sin considerar aplicable directamente la exención.

De la sentencia surge la reflexión: podemos exigir a los prestadores de servicios de intermediación la responsabilidad por la información enlazada, como es este caso, sin que realmente se haya modificado la información en la fuente que realmente es de la que se nutre el buscador.

Iñaki, blogger con 6 años de experiencia (zorionak Iñaki!) y licencia en su blog Creative Commons – Sin Obra Derivada y No Comercial, acaba de ver como una de sus fotografías ha sido utilizada en una Guía sobre Barcelona. Hasta aquí la discusión hubiera sido si la guía cumple con las estipulaciones de la licencia, o si por el contrario se puede considerar que incumple las mismas. Sin embargo, en una fotografía no sólo hay que tener en cuenta la normativa de propiedad intelectual (sin entrar a valorar otras discusiones sobre si realmente es una obra o una mera fotografía) sino que hay otros derechos que ponderar en una fotografía y que, incluso, pueden ser más delicados para su tratamiento, tratándose de derechos personalísimos; esto es derechos como el derecho a la imágen o incluso la normativa de protección de datos de carácter personal.

Una cosa es que la licencia permita el uso de los objetos susceptibles de protección en materia de propiedad intelectual y otra que se pueda utilizar si en la misma aparecen personas, y como es el caso, no accesorias, en la fotografía, puesto que en este caso, tal y como establece la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en su artículo 2 se necesita el consentimiento expreso:

No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviere expresamente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso

Considerándose intromisión ilegítima, según el artículo 7:

La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2 (esto es en caso de excepciones de personas públicas o cuando la persona sea accesoria)

Por ello, siempre que utilicemos una fotografía de tercero debemos no sólo observar la licencia del titular de la fotografía sino si hay otros derechos fundamentales que pueden estar en juego y sobre los que también necesitamos consentimiento para su difusión.

La pregunta es ¿se debe permitir que empresas como Google/Amazon sean titulares de nuevos TLDs como “.book”, “.lol”, “.docs”? Primeramente decir que esta pregunta, a estas alturas, ya no tiene sentido tal y como se encuentra avanzado el procedimiento para la solicitud de las nuevas extensiones; pero que seguramente todavía nos puede hacer recapacitar sobre el desarrollo de las nuevas extensiones e internet en un futuro no muy lejano. Asimismo, para quien quiera revisar están accesibles las solicitudes de los nuevos TLDs que ha solicitado Google.

Dicho lo anterior, los temores que las grandes multinacionales de internet se hagan con estas extensiones vienen, a mi juicio por 2 vías, primeramente porque conocemos la voracidad de estas grandes empresas y que ciertamente se pueden apoderar de términos genéricos como “book”, con lo que ello conlleva; o que, en el caso de google seguramente pueda mejorar posicionamientos en el buscador de los dominios/webs que utilicen sus TLDs penalizando a aquellos que no lo utilizan.

Ante esa pregunta las primeras cuestiones que me vinieron a la cabeza es ¿de quién es el diccionario? ¿quién es la ICANN para decidir que es una empresa y no otra (y con mucho dinero por delante) la que gestione un TLD compuesto por términos genéricos? Estas cuestiones ya no tienen sentido, como digo porque el procedimiento está en marcha, pero que aún y todo debieran seguir en el candelero para buscar una solución más consensuada sobre la entidad que gobierna Internet y decide sobre el presente y futuro de los TLDs.

Una vez abierto el procedimiento, está claro que todas las empresas que quieran optar (y sin excluir ninguna) tiene el mismo derecho para acceder, solicitar y en su caso ser las que finalmente decida la ICANN las que gestionen los nuevos TLDs, sean cuales sean. Eso sí, corresponderá a las autoridades competentes que los servicios que presten TODAS las empresas y que incorporen los nuevos TLDs se hagan de forma competitiva, esto es, se vigile muy mucho que se compite de igual manera sea cuál sea el TLD sobre el que alguien esté prestando el servicio, sino, me temo, que el monopolio de algunas de ellas puede crecer ante la “obligación” del registro de dominios en las extensiones que ellos mismos gestionan. En definitiva, espero que las autoridades estén ojo avizor revisando las actividades competitivas de estos grandes; y que, como suele ser lo habitual, no se haga a posteriori.

Asimismo, convendrá también por parte de las autoridades competentes (ICANN incluída) observar la protección industrial que hacen las grandes sobre los nuevos TLDs que gestionan para evitar abusos y sobreprotección de términos ya de por sí genéricos, que como repito, son algunos gTLDs como “book”.

En definitiva habrá que estar atentos ante las nuevas extensiones, si bien es cierto, que a priori esta liberalización no es vista con buenos ojos y se presume que un porcentaje altísimo de dominios no tendrán éxito; no es menos cierto que detrás de muchos de ellos están los grandes gigantes de internet que sabrán rentabilizarlos y utilizarlos con sapiencia para sus fines.

Cualquier persona puede diseñar y fabricar sus propios objetos o, siguiendo la lógica del conocimiento libre, descargarse el archivo donde consta la información del diseño del objeto y fabricarselo uno mismo.

Y ocurrió lo que tenia que ocurrir. Cody Wilson logro fabricar, en 15 piezas, un pequeño arma de fuego (multicalibre) que permite un único disparo pero que cumple su función  y sobre todo, nos permite vislumbrar un posible futuro mas problemático  con otros materiales y otros diseños mas peligrosos. Como siempre, el diseño se difundió a escala planetaria, por la novedad, y España (dice Mr. Wilson) es el lugar con mayor numero de descargas. Queda pendiente, por supuesto, el problema de las balas, que no se pueden fabricar en la impresora.  Y quizás, por ahí debe ir el control:

Pinche aquí para ver el vídeo

La tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de las licencias o permisos necesarios, será castigada:

1.º Con la pena de prisión de uno a dos años, si se trata de armas cortas.

2.º Con la pena de prisión de seis meses a un año, si se trata de armas largas.

2. Los delitos previstos en el número anterior se castigarán, respectivamente, con las penas de prisión de dos a tres años y de uno a dos años, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Que las armas carezcan de marcas de fábrica o de número, o los tengan alterados o borrados.

2.ª Que hayan sido introducidas ilegalmente en territorio español.

3.ª Que hayan sido transformadas, modificando sus características originales

Así que cuidadito: tener el archivo no es delictivo, pero pulsar “print” a las 15 piezas, lo es. Ademas, comenzar a imprimir las piezas, puede resultar en algún fiscal original intentando aplicarlo en grado de tentativa.  Preveo un futuro con mas materiales y mas problemas, aunque no creo que hay que ser alarmistas. Es mucho mas fácil de lo que parece conseguir armas en España y realmente, a nadie le interesa tener una.

Por cierto, recuerdo una pistola idéntica en una película de Clint Eastwood de los noventa. A lo mejor habria cuestionaes de Propiedad Industrial interesantes.

De estos 2 casos podemos concluir, a bote pronto, que el sector del juego online sigue muy activo, desde la aprobación de la ley de juego y el uso de dominios .es, en la recuperación de nombres de dominio vinculados a este sector. El dominio wpt, recuperado por la empresa bwin (que también tiene abierto otro procedimiento por el dominio bwinpoker.es) y claramente también vinculado con este sector, el procedimiento por el dominio “hardrockeurovegas.es”. En este último procedimiento llama la atención que si bien la demandante (la conocidísima marca internacional de restaurantes Hard Rock) solicitó que el dominio le sea transferido, el árbitro, a mi juicio con muy buen criterio, si bien da la razón a la demandante sobre los 3 aspectos que deben tenerse en cuenta en el arbitraje de nombres de dominio, esto es similitud con derechos previos, derechos o interéses legítimos así como la buena/mala fe del registro, cancela el dominio basado en que el mismo si bien esta compuesto por la marca del demandante contiene otro término que puede pertenecer a otra entidad:

El Nombre de Dominio está formado por la marca notoria HARD ROCK de la Demandante a la que se ha añadido “Eurovegas”, término que también podría constituir marca registrada a nombre de terceros que no han intervenido en este procedimiento, motivo por el cual el Experto considera que no procede ordenar la transferencia del Nombre de Dominio a favor de la Demandante.

Asimismo durante el mismo periodo se han abierto los siguientes procedimientos que daremos cuenta en posteriores entradas del presente blog:

Quizá y sin entrar a valorar las posiciones de los demandantes ni demandados pueden parecer casos claros de ciberocupación como el caso de vogue.org.es, y de otro sector que anda en expansión en Internet, como es el sector de la moda.

El 10 de mayo de 2013 se celebrará en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid el encuentro de bloggers jurídicos “El Derecho en la Red”. Con la presencia de varios de los bloggers más representativos del derecho en España, el encuentro tiene como objetivo principal analizar la presencia de abogados y bufetes en internet y la aplicación del derecho a este nuevo y cambiante ámbito de actuación. Este evento nace con la vocación de constituir un foro participativo de intercambio de información y puntos de vista sobre el binomio derecho e internet. Para ello, tras cada una las intervenciones de los ponentes, tendrá lugar una mesa redonda con varios bloggers jurídicos y a continuación la participación de los asistentes con preguntas y opiniones sobre los temas expuestos.

Fecha y horario: 10 de mayo 2013 – de 11:00 a 13:00 h.

Lugar: Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid – C/ Serrano, 9 – 28001 Madrid

Paticipan entre otros:

• José Ramón Chaves – Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y autor del blog contencioso.es
• Carlos Guerrero – Socio Mercantil en MAB Legal&Corporate y autor del blog www.carlosguerrero.es
• Andy Ramos – Co-Director del Departamento de Propiedad Intelectual, Industrial y NNTT en Bardají & Honrado Abogados y autor del blog www.interiuris.com
• Antonio Arias – Síndico de cuentas del Principado de Asturias y autor del blog fiscalizacion.es
• Jorge Campanillas – Abogado especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Autor del blog www.iurismatica.com

El encuentro cuenta con el apoyo de The Glenlivet single malt whisky, cuyo National Brand Ambassador ofrecerá al final del acto a los asistentes una cata sensorial.

Rogamos la confirmación de asistencia en abogados.theglenlivet@gmail.com

La guía con orientaciones hacia los prestadores de servicios establece recomendaciones, que por otra parte ya habíamos señalado, pero que conviene recordar, como por ejemplo las figuras de responsable de responsable de fichero y encargado de tratamiento:

El citado Anteproyecto de Ley, introduce –entre otras- novedades respecto al derecho de desistimiento, la ejecución de los contratos, las comunicaciones comerciales a distancia, las obligaciones de información precontractual y los requisitos formales de los contratos a distancia. Destacaré aquellas novedades que a mi juicio resultan más relevantes.

Derecho de desistimiento

Una de las modificaciones que más interés suscita es la que amplía el ejercicio del derecho de desistimiento del consumidor de 7 días hábiles a 14 naturales. Además, en caso de que el empresario no facilite al consumidor la información sobre éste derecho, se amplía el plazo para desistir del contrato hasta 12 meses después de la fecha de expiración del periodo inicial.

Por otro lado, se establece la obligación de que el empresario reembolse todo pago recibido del consumidor, incluidos en su caso los costes de entrega, sin demoras indebidas, y en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato del consumidor. Sin embargo, el empresario está facultado a retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que le haya sido presentada una prueba de devolución de los mismos.

Respecto a los gastos de devolución, se dice que el consumidor sólo soportará los gastos directos de la devolución, salvo que el empresario haya aceptado asumirlos o no se le haya informado de que le corresponde asumir dichos costes.

Tal y como señala Xavier Ribas en su blog, “en algunos sectores, como el de la moda online, la ampliación del plazo de desistimiento ha supuesto una ventaja competitiva para algunas empresas”; así pues, lo que en principio parece beneficioso únicamente para el consumidor, resulta también positivo para el empresario, ya que junto a un plazo de devolución razonable, además de dar un plus de confianza al consumidor, “aumenta la posibilidad de que encuentre otro comprador entre familiares y amigos y al final no practique la devolución“.

A su vez, se incorporará un Formulario de desistimiento común en Europa, que facilita el ejercicio de este derecho y que se tendrá que facilitar junto con la información previa al contrato.

Ejecución de los contratos

En lo relativo a la ejecución de los contratos, prevé que en aquellos casos en que el empresario no ha hecho entrega de los bienes en el plazo convenido con el consumidor, éste último antes de poder resolver el contrato, debe emplazar al empresario a que le haga la entrega en un plazo adicional razonable y tendrá derecho a resolver el contrato si el empresario tampoco entrega los bienes en dicho plazo adicional.

Respecto al uso de medios de pago por parte de los consumidores, se prohíbe a los empresarios el cobro de cargos que excedan el coste soportado por el empresario por el uso de tales medios de pago.

Además, se dice que en los contratos de venta en que el empresario envíe los bienes al consumidor, el riesgo de pérdida o deterioro de éstos se transmitirá al consumidor cuando él o un tercero por él indicado, distinto del transportista, haya adquirido su posesión material. No obstante, en caso de que sea el consumidor el que encargue el transporte de los bienes o el transportista elegido no estuviera entre los propuestos por el empresario, el riesgo se transmitirá al consumidor con la entrega al transportista de los bienes, sin perjuicio de los derechos del consumidor con respecto al transportista.

Comunicaciones comerciales a distancia

En cuanto a las comunicaciones comerciales a distancia, si el empresario llama por teléfono al consumidor, deberá revelar al inicio de la conversación su identidad, y si procede, la identidad de la persona por cuenta de la cual efectúa la llamada, así como indicar el objetivo comercial de la misma.

En los contratos a distancia celebrados por teléfono, el empresario deberá confirmar la oferta al consumidor por escrito o, salvo oposición expresa del consumidor y usuario, en cualquier soporte de naturaleza duradera. Sólo quedará vinculado cuando haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito. El empresario deberá facilitar además, la confirmación del contrato celebrado en un soporte duradero y en un plazo razonable después de la celebración del contrato a distancia, a más tardar en el momento de entrega de los bienes antes del inicio de ejecución del servicio.

Además, si las técnicas de comunicación consisten en un sistema automatizado de llamada, sin intervención humana o el telefax, se precisará un consentimiento expreso previo del consumidor y usuario; y además, cuando se utilicen datos personales procedentes de fuentes accesibles al público para la realización de comunicaciones comerciales, se proporcionará al destinatario la información que señala la LOPD y se ofrecerá al mismo la oportunidad de oponerse a la recepción de las mismas.

Obligaciones de información precontractual

En los relativo a las obligaciones de información precontractual, se completan los requisitos de información que se establecen en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, mediante el establecimiento de las siguientes obligaciones:

• Informar a los consumidores y usuarios de la existencia y las condiciones de los depósitos u otras garantías que en su caso, tengan que pagar o aportar a solicitud del empresario, incluidas aquellas por las que se bloquee un importe en la tarjeta de crédito o de débito del consumidor.
• Informar de la exigencia de la garantía legal de conformidad de los bienes, así como de la existencia y condiciones de los servicios posventa y de las garantías comerciales que otorguen, en su caso.
• En los contratos de suministro de contenido digital, informar de la funcionalidad del mismo , incluidas las medidas técnicas de protección aplicables, así como de toda la interoperabilidad relevante con los aparatos y programas conocidos pro el empresario o que quepa razonablemente esperar que deba conocer.
• Deberá constar el precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas o, si no puede determinarse, la forma en que se determinará el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales y cualquier otro gasto, si no pueden ser calculados de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales.
• Cuando proceda, la posibilidad de recurrir a un mecanismo extrajudicial de reclamación y reparación al que este sujeto el empresario y los métodos para tener acceso al mismo.

Requisitos formales de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento

En cuanto a los requisitos formales, se prevé la exigencia de que los sitios web de comercio indiquen de modo claro y legible, a más tardar al inicio del procedimiento de compra, si se aplica alguna restricción de suministro y cuáles son las modalidades de pago que se aceptan.

Además, el consumidor, al efectuar el pedido, deberá confirmar expresamente que es consciente de que dicho pedido implica, en su caso, una obligación de pago. Si se hace activando un botón o una función similar, el botón o la función similar deberán etiquetarse de manera que sea fácilmente legible únicamente con la expresión “pedido con obligación de pago” o una formulación análoga no ambigua que indique que la realización del pedido implica la obligación de pagar al empresario. En caso contrario, el consumidor no quedará obligado por el contrato o pedido.

Si se celebra a través de una técnica de comunicación a distancia en la que el espacio o tiempo para facilitar la información son limitados, el empresario facilitará en ese soporte específico, antes de la celebración de dicho contrato, como mínimo la información precontractual sobre las características principales de los bienes o servicios, la identidad del empresario, el precio total, el derecho de desistimiento, la duración del contrato, y en el caso de contratos de duración indefinida, las condiciones de resolución.

Tal y como podemos observar, se amplía la protección tanto a consumidores como a empresarios en las transacciones online, en orden a evitar abusos y establecer garantías. El legislador, aun con algo de demora, parece haberse dado cuenta de la importancia de trasponer la normativa europea y blindar de seguridad jurídica las innumerables transacciones que se hacen en el ámbito del comercio electrónico.

Resumamos los hechos de este caso:

- Se producen descalificativos, insultos y demás expresiones contrarias al Derecho al Honor del cantante. Descalificaciones que ninguna de las partes niega, ni pueden verse protegidas por el derecho a la libertad de expresión, que pudiera ser, en su caso forma de contrarestar el derecho al honor y a la buena reputación que tenemos todas las personas.

- Los insultos, descalificativos y demás expresiones se producen en los comentarios a una noticia del “economista.es” que no tienen ningún sistema de censura, control, etc.

- La SGAE remite burofax a la web, burofax que es rechazado por “eleconomista.es”.

El quid de la sentencia se encuentra en cómo operan las exclusiones de responsabildad de la LSSI (ojo, siempre hay que recordar que son exclusiones, esto es la responsabildiad está intrínseca en cualquier prestación de servicios, pero que si se cumplen con ciertos requisitos esta responsabilidad podría ser exonerada). La jurisprudencia del Tribunal Supremo como ya recogió en la sentencia de “alasbarricadas .org” (siendo el mismo ponente que en la actual JUAN ANTONIO XIOL RIOS) no limita la exclusión de responsabildiad cuando haya conocimiento efectivo por un órgano competente, sino que existen otras fórmulas de tener un conocimiento efectivo:

La cuestión jurídica debatida en el recurso ha sido la interpretación que debe darse al requisito del “conocimiento efectivo del carácter ilícito” del contenido de la página web. La Sala considera que este no está limitado a los supuestos en los que un órgano competente haya declarado previamente a la demanda la ilicitud de los datos almacenados o que se ha producido la lesión de los derechos de los actores, ordenado la retirada de contenidos, sino que, conforme a la normativa interna y comunitaria, pueden existir otros medios de conocimiento efectivo, como cuando existan circunstancias que posibiliten, aunque sea mediatamente o por inferencias lógicas al alcance de cualquiera, una efectiva aprehensión de la realidad de que se trate.

En ambas sentencias, tanto la de “alasbarricadas” como “eleconomista.es” este supuesto conocimiento efectivo se realizó si bien con la paradoja que en el primer caso la dirección no era la correcta lo que impidió el que se pusieran en contacto con los responsables del portal y asumiendo la responsabilidad de lo que allí se vertía, o como en el segundo caso, que se rechazó el burofax. Pues bien, ya sea por una u otra razón, el Tribunal Supremo, establece que en ningún caso se actuó con la diligencia debida y por ello son responsables de los comentarios allí vertidos:

Las únicas dudas que me genera la sentencia, es ¿cómo podemos determinar que hemos actuado con la diligencia debida? ¿la remisión de un email a una cuenta de correo podría ser considerada conocimiento efectivo? ¿cómo asegurar dicha recepción y que realmente hemos tenido ese conocimiento? Veremos…

Campanillas recuerda que la Ley de reutilización de la información pública podría servir como base para crear una aplicación como «BizVizz» que recopilase toda la información de una empresa. «Se podría solicitar la información a la Administración Pública o, en su caso, acudir a los portales ‘open data’ —portales de información abierta—». Ejemplo de ello es el que ha puesto en marcha el Gobierno Vasco a disposición de reutilizadores