L.E.S: Hadopi a la española.

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publicado el 1 diciembre 2009

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La nueva Ley de Economía Sostenible (LES), siguiendo el criterio que parece imponerse últimamente, señala a los prestadores de servicios en internet como responsables de los”males” que, según parece, aquejan a la industria cultural española. Diferencio industria cultural de “Cultura” de forma absolutamente intencionada, aunque no es el objetivo de esta reflexión delimitar sus respectivos predios conceptuales.

Frente a impopulares modelos foráneos que persiguen a los usuarios finales, aquí escurrimos el bulto con piruetas jurídicas en torno a la responsabilidad  y a la cooperación necesaria en la comisión de delitos. Hay que reconocer que, como estrategia de calamar, es buena.

Esta estrategia, inicada en otros pagos, de dirigir la artillería contra los prestadores (las páginas de enlaces) y no contra los usuarios, pretende solventar la impopularidad que para cualquier gobierno supone actuar contra sus votantes con medidas restrictivas de derechos fundamentales, medidas inevitables si se prentenden efectivas.

Así, si los afectados son 100, 200 o 500 páginas de enlaces el asunto se maquilla con un discurso fácilmente defendible ante la opinión pública: “Los proveedores de enlaces son los nuevos Alí-Babá que se enriquecen a costa de los autores y productores, los ciudadanos pueden dormir traquilos que a ellos no les va a pasar nada.”

Es de lamentar la escasa voluntad que este tipo de medidas demuestran a la hora de afrontar una reforma en profundidad de la normativa sobre Propiedad Intelectual. Si no se solventa en el trámite parlamentario la necesaria adaptación y redefinición conceptual que la Ley necesita a la luz del fenómeno de Internet, volveremos a las viejas discusiones sobre cánones o diezmos.

Los ISP donde se alojan las páginas contra las que ahora se va a actuar, van a ver como de la noche a la mañana, empiezan a recibir notificaciones por parte de una “Comisión de Propiedad Intelectual” creada ad-hoc por la LES para que se identifique a alguno de sus clientes alojados (con  medidas cautelares de interrupción del servicio, por supuesto), aduciendo infracción de un nuevo artículo 8.1.e de la LSSI igualmente creado ad-hoc por la LES.

Si para cuando llegen las notificaciones de la Comisión queda alguna web presuntamente infractora alojada en servidores sometidos a la jurisdicción española, estaremos más o menos donde estamos ahora, discutiendo sobre si enlazar a un archivo es un acto de comunicación pública o no. Las categorías jurídicas sobre responsabilidad se tambalean peligrosamente y, en su posible derrumbe, pueden arrastrar libertades ciudadanas. Los jueces parece que lo tienen mayoritariamente claro de momento, pero nunca se sabe.

Resulta un tanto infantil (además de decpcionante) resumir tantas polémicas generadas alrededor de la protección de los derechos de propiedad intelectual en internet en una medida que hace más restrictivo el ya de por si estrecho margen de maniobra de quien se aventura en esto de subirse al tren de internet.  Y esta dificultad añadida a empresas y emprendedores también es parte de esa economía que con esta ley se pretende sostener.

Los proveedores de enlaces migrarán (ya están migrando) a playas más seguras y soleadas. ¿Alguien piensa todavía que el fenómeno de los enlaces o páginas de trackers no va a ser sustituido por cualquier otro modelo que a su vez exigirá de los  lobbys de los “creadores” otra reforma legislativa en no se sabe qué dirección?

En este terreno, al eterno juego del raton y el gato, los ratones ganan por goleada (Quién se ha llevado mi queso?). Es muestra de clarividencia quitarse las gafas de sol que algunos lucen y observar la realidad a la luz de la democratización de la cultura en Internet. El ciudadano de internet decide “creativamente” contra el oligopolio de “creadores” e industria cultural. El ciudadano de internet, en definitiva, decide quien “crea” y quien no.

La medida del Gobierno ignora las nuevas formas de difusión de contenidos, las nuevas formas de negocio que sobre la  creación y distribución se están generando. Ignora el Gobierno e ignoran los “creadores” que la difusión de contenidos en la red se ha democratizado porque es consustancial a la propia red y que es necesario adaptarse a ese fenómeno porque el que no se adapte desaparecerá. La alternativa es el cierre de la red o la del actual negocio de la discográfica.

Para terminar,  una pregunta un tanto infantil: ¿Como se dirigirá la Comisión de Propiedad Intelectual  al proveedor de enlaces por excelencia (GOOGLE) para requerirle que cese en su actividad infractora de derechos de propiedad intelectual por enlazar a archivos protegidos? ¿Solicitará medidas cautelares?

Un futuro Apasionante.

Saludos.