Escuela 2.0 = Autodeterminación Tecnológica

publicado el 26 septiembre 2009

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Con esto de la crisis los gestores de la cosa pública no han tenido más remedio que afrontar un problema que venía siendo secularmente postergado en España, bien por interés, bien por simple incapacidad. Este curioso fenómeno de procrastinación política se revela ahora como uno de los hechos diferenciales -Yes, Spain is different- a la hora de la incipiente recuperación económica, que, por lo que parece, se va a retrasar por estos pagos.

Me estoy refiriendo a lo que ha venido en llamarse el cambio de «modelo económico”, es decir, del modelo de negocio de un país en términos de economía globalizada. Forzados por las circunstancias, nuestros próceres se han puesto manos a la obra y la principal conclusión a la que han llegado es que resulta inevitable cambiar ladrillo por silicio y chiringuitos playeros por estaciones eólico-solares (permítanme esta reducción conceptual pero me viene bien como ejemplo para que todo el mundo lo entienda) y, este cambio, para que cale bien en la sociedad, hay que implementarlo ya desde el sistema educativo.

Como consecuencia, una de las medidas “estrella” en este necesario proceso evolutivo es la incorporación paulatina de nuestros infantes a las nuevas tecnologías por la vía de asignarles a cada uno un ordenador portátil y una conexión a internet en las aulas. Ni que decir tiene que la herramienta no hace al artesano, ni el pincel al artista. Pero dejando las cuestiones pedagógicas al margen, en la decisión de introducir la enseñanza asistida por ordenador en las escuelas, se esconde uno de los principales factores estratégicos que pueden hacer que un modelo económico de país sea innovador y, en verdad, base sólida para un crecimiento generalizado y duradero.

Y ese factor estratégico no es otro que la naturaleza o procedencia del software que haga funcionar esos ordenadores. En la medida que todo el conocimiento y la información ya viaja y se transmite sobre software, es estratégico para un país controlar y poseer el conocimiento que genera el software que luego va a regir todo el sistema económico, político y social.

En la medida en que el software se ha convertido en la “ley del ciberespacio” (Lessig) y el ciberespacio cada día aloja más ámbitos de la persona-ciudadano, resulta imprescindible mantener el control democrático de la tecnología. El modelo actual de colonialismo tecnológico que impone el software basado en licencias restrictivas o propiedad de multinacionales, supone un freno para los modelos de desarrollo local y horizontal, que generan recursos que, a su vez, revierten sobre sí mismos y, además son más adaptables y preparados para tiempos de crisis.

En la medida que la sociedad -el Estado- es dueña de su propia tecnología y no dependiente de suministradores “ajenos” con intereses propios, puede plantearse la construcción de su propio modelo social y económico haciendo un verdadero ejercicio soberano de autodeterminación tecnológica. Y eso sólo lo permite, en este momento, el software llamado libre o de código abierto.

Por lo tanto, el debate sobre el tipo de software que va a hacer funcionar esos ordenadores, lejos de resultar una simple cuestión de gustos o costumbres se constituye así en paradigma de la verdadera voluntad de nuestros políticos a la hora de proponer cambios de verdad y no meras operaciones estéticas de contenido propagandístico. No es banal la elección y eso lo sabe cualquier programador.

Porque, a la hora de la verdad, quien debe decidir este tipo de cuestiones no es el funcionario de turno sino el político, y, el señor Bill Gates no se hace recibir en Moncloa para tomar el té con nuestro Presidente mientras departe sobre la espesura de los rododendros.

El político está llamado (electo) para liderar los cambios si de verdad cree en ellos y los asume como propios. Escasos andamos de líderes a la antigua usanza, ajenos a los asesores de imagen y a las directrices de cabecera mediática que, armados de votos y convicción, son capaces de llevar a una sociedad desde A hasta B.

Mientras escribo estas líneas, en mi comunidad autónoma (País Vasco) se implanta -un tanto atropelladamente como suele ocurrir cuando las decisiones dependen de muchos factores- el programa Escuela 2.0. Es el momento de concretar, en esta materia, todas las cuestiones político-programáticas que hacen que los ciudadanos elijan a unos representantes y no a otros.

Pese a los iniciales lastres con los que esta medida debe implantarse, fundamentalmente la imposición del arranque dual de los equipos Windows-GNULinux, -adivinen cual va a ser la partición primaria-, la prevista utilización de software libre en la partición windows puede paliar algo los efectos de una mala decisión inicial.

A esto se debe añadir necesariamente una revisión profunda de las condiciones de contratación de la Administración vasca que contengan medidas de “discriminación positiva” -ahora que está tan de moda el concepto- en favor de las tecnologías abiertas.

Este aparente cambio de rumbo inicial, para que de verdad se convierta en expresión coherente de una voluntad ya manifestada, y, sobre todo, para que se consolide como apuesta de futuro, debe confirmarse con la expresión legislativa de esa decidida voluntad política si es que es sincera, llevando al Parlamento Vasco las iniciativas legislativas necesarias para llevar la Autodeterminación Tecnológica a todas las parcelas de la Administración, empezando por la educativa.

Nada nuevo que no se haya hecho ya en otras comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido político, pero que supondría llevar a la práctica lo que aquí, y, de momento, sólo adorna un bonito programa de intenciones que, sin un encofrado normativo, corre el riesgo de disolverse como un azucarillo en el té del señor Gates.