Mayor protección de los derechos de los consumidores en el comercio electrónico

publicado el 22 noviembre 2017

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Ante la rápida revolución tecnológica y proliferación del e-commerce o comercio electrónico, muchos consumidores desconfían de las compras de bienes o servicios online porque no están seguros del cumplimiento de sus derechos y temen las estafas. Es por ello por lo que, en una economía europea eficiente e integrada, los consumidores necesitan tener la confianza y garantía de que sus derechos van a estar protegidos. Para ello, velar por el respeto y cumplimiento de la normativa europea de protección del consumidor es vital.

El reglamento, nº 2006/2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la legislación de la protección de consumidores, ha fortalecido, desde su entrada en vigor, la aplicación de las leyes de consumidores en toda la Unión Europea. Sin embargo, todavía el grado de incumplimiento por parte de los prestadores de servicios en internet es muy alto. Según datos del Parlamento Europeo, el 37% de las páginas web dedicadas a comercio electrónico no cumplía en 2014 con la normativa europea y ello ha conllevado un perjuicio de 770 millones de euros anuales en las compras transfronterizas de consumidores.

De ahí que la Euro cámara decidiera, el pasado martes, que era necesario revisar dicho reglamento para fortalecer la protección de los consumidores frente a estafas, así como para detectar con más rapidez a los profesionales deshonestos. Así pues, el Pleno del Parlamento Europeo, aprobó con 591 votos a favor, 80 en contra y 15 abstenciones una nueva propuesta de normativa que deberá recibir el visto bueno de los estados miembros para entrar en vigor y ser aplicable en 2019.

Dentro de las reformas propuestas, las más destacadas son las siguientes:

Se amplían los poderes de las autoridades nacionales para detectar y detener las violaciones de derechos de los consumidores y para poder coordinar mejor sus acciones en toda la Unión Europea. Dentro de los nuevos poderes, se incluyen:
- Poder para hacer compras de prueba de bienes y servicios, incluida la actuación como “comprador misterioso”,
- Poder para imponer la exposición de una advertencia explícita en una web o eliminar contenido digital, o restringir el acceso a determinadas páginas o aplicaciones, a falta de otra forma efectiva para detener una práctica ilegal, medida que podrá tener un gran impacto en las empresas al poder ver éstas sus páginas webs cerradas en caso de incumplimiento de la normativa.
- Poder para aplicar sanciones y multas,
- Poder para informar a los consumidores sobre cómo solicitar una compensación,
- Así como el poder para pedir información a los registradores de dominios y bancos para identificar a profesionales deshonestos
La Comisión Europea será la entidad encargada de coordinar las acciones en aquellos casos en los que una infracción haya ocasionado o corra el riesgo de ocasionar un perjuicio a los intereses colectivos de los consumidores en al menos dos tercios de los Estados miembros (son las llamadas infracciones generalizadas).
Además, las organizaciones de consumidores tomarán un papel más importante al tener el poder de alertar a las autoridades competentes ante la sospecha de infracciones.

Así pues, con las nuevas reformas propuestas, podrá hacerse frente con mejores herramientas a distintas prácticas, como por ejemplo:

– Suscripciones a largo plazo escondidas tras ofertas para conseguir teléfonos por un euro,

– Quejas sobre precios de alquiler de coches por la discriminación de los consumidores basadas en el país de origen,

– Promociones de corta duración ofertadas en varios países por las aerolíneas, que posteriormente cancelan los descuentos,

– Vendedores de internet que dicen proveer servicios que luego no prestan al cambiar de domicilio muchas veces… entre otras muchas.

En conclusión, esta nueva propuesta de normativa busca fortalecer y mejorar la cooperación entre las autoridades nacionales, la Comisión y las organizaciones de consumidores para combatir el fraude en el comercio electrónico, reforzando los derechos de los consumidores, con el objeto de poner fin a la desconfianza e inseguridad jurídica que padecen en las compras on-line.